“Inviable, absurdo e inoportuno” opinan Letrados constitucionalistas y tributaristas.

Tras haber alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno busca crear un impuesto para cancelar la deuda. El plan del Frente de Todos es recaudar penalizando a los que tengan bienes en el exterior sin declarar. Para lograrlo solicitan que por Ley se modifique el secreto bancario, además de la creación de una figura de “colaborador”.

“Es jurídicamente inviable”, consideró el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con LA NACION. Al analizar lo expuesto en el texto difundido por el bloque oficialista, el letrado opinó: “Conforme al comunicado y lo que surge del mismo, la propuesta en sí es jurídicamente inviable y, aparte, en su conjunto no tiene un sustento razonable”.

Gabriel Hermida, socio de Impuestos en Auren Argentina, también arremetió contra la propuesta del Gobierno. “Siguen queriendo esquilmar a los contribuyentes”, fustigó, y apuntó: “Ya no alcanza con cobrar una tasa exorbitante de Impuesto a la Ganancias sin ninguna contraprestación, Bienes Personales -con una tasa agravada si tiene bienes en el exterior-, Aportes Solidarios a determinadas personas…”.

El contador especialista en la materia indicó que el proyecto no supone “nada novedoso”. “Si lo que quieren hacer es otro blanqueo de bienes, no es la mejor forma porque están proyectando cobrar una tasa de entre 20 a 35 por ciento por esos activos no declarados”, opinó Hermida.

El experto señaló que existen dos vías por las cuales el Gobierno podría acceder a información del estilo. “La única forma que tienen es a través de los países con los que tienen convenio de compartir información financiera o por una investigación que se inicie a un contribuyente residente argentino y que se le pida a través de un juzgado a otro país si es que tiene un barco, una casa o lo que fuere”, dijo.

Y enfatizó: “Vayamos a la realidad: hoy la Argentina con Estados Unidos no tiene un convenio para intercambiar información financiera. El que no tiene una cuenta declarada, ¿de qué forma va a acceder el Gobierno a esa información si EE.UU. nunca se la va a dar? Por lo menos por ahora”.

“Es la política de amenaza para cazar en el zoológico”, consideró Auren, al tiempo que consideró que no cree que el proyecto prospere en el Senado por falta de votos.

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