Prensa | Hay 84 tasas municipales en todo el país y crecen los reclamos de las empresas (La Nación 5.1.2025)
Las cargas que aplican los municipios subieron de 78 a 84 en 2024, según el Iaraf, y muchas de ellas no tienen una contraprestación específica como debería ocurrir; los tributaristas advierten sobre los efectos de ese descontrol y piden límites, en el marco de una reforma integral.
La polémica y el debate en torno a las tasas municipales y su impacto sobre el sector privado viene en ascenso. Hace cuatro meses se oficializó una norma que prohíbe a los municipios cobrarlas en las facturas de servicios públicos, una batalla que ya se libra en la Justicia. Un “mapa” tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó, en 2024, 155 impuestos y tasas. De ese total, 84 son cargas municipales (seis más que en 2023), y solo la de Seguridad e Higiene está entre la decena de tributos que aportaron el 92% de la recaudación total.
Nadin Argañaraz, director del Iaraf, precisa que más allá de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno se concentra en pocos: IVA; Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social; Ganancias de personas humanas y de sociedades; Ingresos Brutos (provincial); impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación suman 83% de la recaudación tributaria consolidada. Con el PAIS, que dejó de existir el 23 de diciembre, ese porcentaje saltaba a 92%.
Desorden tributario
Hay consenso entre las fuentes consultadas por La Nación respecto del caos dominante en el ordenamiento tributario argentino. Para Osvado Giordano, director del Ieral de la Fundación Mediterránea, la situación es consecuencia de la “desconfiguración del régimen federal” en el que tanto Nación, provincias y municipios se superponen en prestaciones. Las ciudades, dice, “afrontan gastos imposibles de financiar con los recursos que tienen y entran en flagrante ilegalidad, en el que las tasas terminan siendo similares a los Ingresos Brutos”.
A su criterio hay que avanzar en un acuerdo de coordinación que incluya los gastos y las fuentes de financiamiento: “La foto de hoy muestra que hay superposición y, en el desorden, se ensañan con algunos sectores. Hay que barajar y dar de nuevo; hay mucho para ganar eliminando superposiciones. La tasa está superpuesta con Ingresos Brutos y ambos con IVA, es como contratar tres arquitectos para hacer una casa, lo más probable es que salga caro y mal”.
En una investigación, el Ieral determinó que, en promedio, las cargas de municipios se llevan el 16% de la rentabilidad de una sucursal del Banco Nación, entidad que realizó varias presentaciones judiciales por este tema. Sobre 86 ciudades relevadas, se detectaron 27 maneras distintas de calcular las tasas, desde un monto fijo mensual en pesos a un monto anual en pesos más un adicional de 20%, pasando por número de cajeros, superficie de la sucursal, porcentaje total de ingresos incluyendo títulos públicos o excluyéndolos. En 46 municipios se superó el promedio del 16%; en La Matanza (Buenos Aires) es del 65%; en Posadas (Misiones), 59%; en Paraná (Entre Ríos), 49%, y en la ciudad de Córdoba, 19%.
Un problema extra es que una buena cantidad de municipios directamente no tienen publicada la información. De hecho, el Índice de Transparencia en Administraciones Municipales del Ieral bajó 2,6 puntos en comparación con 2023. Para Guillermo Poch, tributarista socio de Auren, más allá de lo tributario está lo político en el sentido de que las autoridades municipales deben “escuchar que la gente quiere achicar”.
En la misma línea, plantea que incluso la recaudación es “compleja y costosa, por lo que hay que analizar cuánto cuesta recaudar cada peso del tributo” y enfatiza que, indistintamente de cómo esté conformada la base, debería “siempre estar vinculada con el costo del servicio, no debería generar utilidades al municipio, que debe ocuparse de lo más inmediato por su cercanía con el ciudadano”.
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