
Prensa| Impuesto País: el impacto que tendría la rebaja en las empresas y precios (Clarín 10.6.2024)
Por la recesión, esperan que se traslade el menor costo impositivo de la importación de bienes a la venta al consumidor. Hacen hincapié en la necesidad de avanzar con otros impuestos “distorsivos”.
La promesa que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la posible disminución del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% para la importación de bienes disparó el análisis de tributaristas sobre su impacto en el ámbito empresario. El Gobierno subió la alícuota en diciembre a través del decreto 29/2023 y ahora anticipó que la reducirá si se aprueba la Ley Bases y el paquete fiscal.
Los especialistas adelantan que la rebaja de 10 puntos porcentuales llevaría a las empresas a bajar los precios, especialmente en aquellas en las que su negocio está atado a la importación, donde el gravamen tiene un peso mayor. Pero insisten en que hace falta avanzar con otros impuestos “distorsivos”.
Según el informe mensual de mayo de recaudación tributaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Impuesto País sumó $ 563.100 millones, una variación interanual del 1.239,3%, suba impulsada por la ampliación de la base imponible a partir de la inclusión el mes pasado de operaciones de compra de divisas destinadas a giros de utilidades y dividendos, como para quienes suscriban al Bopreal.
Impacto de la baja del Impuesto PAIS en los precios
“Para compañías que importan bienes de forma directa o compran insumos a importadores sería un beneficio el menor costo, que debería trasladarse al consumidor, si los empresarios mantienen la estructura de costos y márgenes de utilidades. Es decir, volveríamos a la situación del anterior Gobierno, ya que, recordemos, esta administración aumentó del 7,5% al 17,5% el tributo. Para la importación de servicios, se mantendría el 25% actual”, analizó Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.
“Podría ocurrir que los precios de venta no bajen y el empresario se quede con el beneficio, aunque en un contexto recesivo, de caída de ventas, no sería razonable. También podría suceder que los precios se mantengan y las empresas absorban el incremento que tuvieron en otros costos. En definitiva, el resultado sería un freno en el avance de la inflación o deflación en algunos productos”, señaló Domínguez.
Guillermo Poch, tributarista y socio de Auren, coincidió: “La reducción debería ser casi una obligación, ya que su creación fue para reducir la brecha entre el dólar oficial y billete. De otra manera, implica generar un ruido que no contribuye. Si el Gobierno baja los impuestos y la inflación, lo natural es que bajen los precios en una competencia que se acrecentaría entre las empresas. Para determinar el porcentaje de baja, hay que tener en cuenta la incidencia del costo impositivo en el costo total del producto importado”.
“Las cuestiones tributarias están siendo ‘moneda de cambio’ en relación al proyecto de Ley Bases. Nos encontramos frente a un contexto en el que se pone en juego el tamaño del Estado: en el plano teórico, las sociedades pendulan de ‘Estados pequeños’ (con pocas funciones) a ‘Estados Grandes’ (tienen mayor participación en la actividad económica), y viceversa”, concluyó.
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