{"id":3918,"date":"2019-11-04T11:01:42","date_gmt":"2019-11-04T10:01:42","guid":{"rendered":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/cl\/blog\/la-directiva-de-proteccion-a-denunciantes-afecta-a-su-empresa\/"},"modified":"2019-11-04T11:01:42","modified_gmt":"2019-11-04T10:01:42","slug":"la-directiva-de-proteccion-a-denunciantes-afecta-a-su-empresa","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/aurenweb-stg.servidortemporal.net\/cl\/blog\/la-directiva-de-proteccion-a-denunciantes-afecta-a-su-empresa\/","title":{"rendered":"La Directiva de protecci\u00f3n a denunciantes afecta a su empresa"},"content":{"rendered":"

Las instancias europeas han publicado una Directiva sobre protecci\u00f3n a denunciantes<\/strong> (lo que en terminolog\u00eda anglosajona se denomina \u00abwhistleblowers\u00bb<\/em><\/strong>). El nombre completo de la resoluci\u00f3n es \u00abDirectiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protecci\u00f3n de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n\u00bb<\/em><\/a>.<\/p>\n

En sus 23 art\u00edculos regula las medidas que deber\u00e1n cumplir los Estados miembros para garantizar que a esas personas se les ofrezca la debida protecci\u00f3n. De este modo se pretende incentivar que quienes conozcan a nivel interno<\/strong> (en una empresa, por ejemplo) la comisi\u00f3n de delitos<\/strong> puedan denunciarlo sin temer represalias empresariales ni estatales<\/strong>.<\/p>\n

Muchas de las medidas incluidas en la Directiva afectan a los canales que los Estados miembros deben ofrecer para garantizar denuncias seguras<\/strong>. Pero los art\u00edculos 4 y 5<\/strong> se centran en algo que ata\u00f1e directamente al sector privado: las denuncias internas<\/u><\/strong>. Esto es, las que se producen dentro de la propia empresa.<\/p>\n

Aqu\u00ed es donde encontramos una serie de obligaciones que pueden afectar a muchas entidades mercantiles<\/strong>.<\/p>\n

Lo primero que nos dice el art\u00edculo 4<\/strong> es que, en cuanto la Directiva se incorpore al Derecho de los Estados miembros (en este caso, el espa\u00f1ol), existir\u00e1 la obligaci\u00f3n de establecer \u00abcauces internos y procedimientos de notificaci\u00f3n y tramitaci\u00f3n de denuncias<\/em><\/strong> (…). Estos cauces y procedimientos deber\u00e1n permitir la denuncia por parte de los empleados de la entidad. Podr\u00e1n ser utilizados para la presentaci\u00f3n de denuncias por otras personas que est\u00e9n en contacto con la entidad\u00bb<\/em> (y aqu\u00ed incorporar\u00edamos a contratistas, accionistas, voluntarios,…).<\/p>\n

No solo eso, sino que el art\u00edculo 5<\/strong> nos especifica que adem\u00e1s se deber\u00e1 contar con una persona encargada<\/strong> de gestionar estas denuncias, un procedimiento<\/strong> para tramitarlas de forma diligente e informaci\u00f3n clara y accesible<\/strong> sobre ese procedimiento.<\/p>\n

Ahora bien, cabe plantearnos la siguiente pregunta: \u00bfqui\u00e9nes ser\u00e1n las entidades obligadas a contar con este canal de denuncias?<\/strong>.<\/p>\n

Pues, en contestaci\u00f3n a la misma, cabe decir que la obligaci\u00f3n de disponer de <\/strong>\u0093un canal de denuncias<\/em><\/strong>\u0094 es m\u00e1s amplia de lo que parece<\/strong>. Concretamente afecta a los siguientes actores del sector privado (en el sector p\u00fablico hay otras entidades obligadas):<\/p>\n

– Entidades jur\u00eddicas privadas de m\u00e1s de 50 trabajadores<\/u>.<\/p>\n

– Entidades jur\u00eddicas privadas con un volumen de negocios o balance anual igual o superior a 10 millones de euros<\/u>.<\/p>\n

– Entidades jur\u00eddicas privadas, de cualquier dimensi\u00f3n, que operen en el \u00e1mbito de los servicios financieros o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o a la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/u>.<\/p>\n

Es esta tercera posibilidad la que ofrece m\u00e1s riesgo, ya que afecta a este tipo de entidades sin importar su tama\u00f1o<\/strong>. Y el elenco de supuestos aqu\u00ed es muy variado. Recordemos que la Ley 10\/2010, de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo consideraba \u00absujetos obligados\u00bb<\/em>, entre muchos otros, a las categor\u00edas siguientes:<\/p>\n

– Entidades aseguradoras.<\/p>\n

– Promotores inmobiliarios y quienes ejerzan actividades de agencia, comisi\u00f3n o intermediaci\u00f3n en la compraventa de bienes inmuebles.<\/p>\n

– Casinos o quienes gestionen juegos de azar presenciales o telem\u00e1ticos.<\/p>\n

– Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.<\/p>\n

– Personas que comercien profesionalmente con obras de arte o antig\u00fcedades.<\/p>\n

– Personas que comercien con bienes por importe superior a 10.000 euros en una o varias operaciones.<\/p>\n

– Etc\u00e9tera.<\/p>\n

Si su empresa act\u00faa en alguno de estos campos<\/strong> (o en el resto de posibilidades previstas en la Ley 10\/2010), ser\u00e1 obligatorio contar con el canal de denuncias<\/strong>. Tambi\u00e9n lo ser\u00e1, por supuesto, si se trata de una empresa de m\u00e1s de 50 trabajadores o con un volumen de negocios superior a 10 millones de euros.<\/p>\n

En cualquier caso, le recomendamos que no espere a ma\u00f1ana para empezar a implementar este mecanismo<\/strong>. Su puesta en marcha no se lleva a cabo en unos d\u00edas, sino que supondr\u00e1 un importante cambio organizativo<\/strong> dentro de su empresa. Por ello creemos que lo mejor es que empiece a trabajar en ello cuanto antes.<\/p>\n

Si necesita ayuda sobre c\u00f3mo hacerlo, no dude en contactar con nosotros.<\/p>\n

Fabi\u00e1n Plaza Miranda, Auren Abogados y Asesores Fiscales<\/strong><\/p>\n

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