El pasado 29 de octubre de 2020, la Corte Constitucional emiti\u00f3 auto por medio del cual rechaz\u00f3 la nulidad de la Sentencia C-038 de 2020, a trav\u00e9s de la cual la mencionada Corporaci\u00f3n declara la inexequibilidad del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 8 de la Ley 1843 de 2017. Al respecto, es importante se\u00f1alar que la referida norma define los lineamientos que rigen el funcionamiento de sistemas tecnol\u00f3gicos de detecciones de violaciones al C\u00f3digo de Tr\u00e1nsito y dem\u00e1s normas aplicables.<\/p>\n
En particular, el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 8 de la Ley 1843 de 2017 consagraba la responsabilidad solidaria entre el propietario de veh\u00edculo y el conductor sancionado en lo relativo al pago de los comparendos impuestos por la autoridad de tr\u00e1nsito.<\/p>\n
La Corte hall\u00f3 que la norma generaba incertidumbre en relaci\u00f3n con el respeto de garant\u00edas constitucionales en el marco del poder punitivo del Estado, debido a que: a) Omite la defensa en relaci\u00f3n con la imputabilidad y culpabilidad, toda vez que hace responsable directamente al propietario del veh\u00edculo; b) Desconoce el principio de responsabilidad personal; y c) Vulnera la presunci\u00f3n de inocencia del propietario.<\/p>\n
La demanda contra la sentencia C-038 de 2020 se fundament\u00f3 en una presunta divulgaci\u00f3n irregular del fallo y una presunta incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva del mismo instrumento.<\/p>\n
La motivaci\u00f3n por la cual la Corte consider\u00f3 que la demanda no estaba llamada a prosperar consiste en que las irregularidades alegadas por la demanda debieron plantearse de manera previa a la expedici\u00f3n de la providencia, so pena de que se entiendan subsanadas.<\/p>\n
\nFuente<\/p>\n