El Decreto 1625 de 2016 establece que las instituciones estatales u oficiales de educaci\u00f3n superior tienen derecho a la devoluci\u00f3n del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran. Para ello, dentro de otros requisitos, exige que dichos bienes, insumos y servicios hayan sido adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva instituci\u00f3n. <\/p>\n
Al analizar la aplicaci\u00f3n de esta norma, en reciente sentencia, el Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3 que se debe tener en cuenta que el beneficio tributario no distingue la actividad o fin misional de la instituci\u00f3n de educaci\u00f3n, sino que por el contrario, de forma amplia lo consagra para bienes, insumos y servicios adquiridos para el uso exclusivo de la respectiva Instituci\u00f3n, dentro del fin educativo que consagra la ley.<\/p>\n
En virtud a ello, declar\u00f3 la nulidad de unos actos administrativos por medio del os cuales la DIAN hab\u00eda rechazado la devoluci\u00f3n del IVA solicitada por una universidad.<\/p>\n
Aduc\u00eda la DIAN que los servicios adquiridos no fueron para el uso exclusivo de la universidad, sino que correspond\u00edan a servicios contratados para dar cumplimiento a obligaciones adquiridas en el marco de convenios de cooperaci\u00f3n, as\u00ed como contratos interadministrativos celebrados bajo el marco de las actividades de extensi\u00f3n, que le permiten a la universidad interactuar con otras entidades p\u00fablicas e incluso con el sector productivo.<\/p>\n
Para el Consejo de Estado, eso no implica que no sean para su uso exclusivo, porque precisamente la universidad es la parte contratante, quien se compromete con el pago estipulado y los contratistas est\u00e1n prestando el servicio directamente a la entidad educativa, por lo que sostuvo que tales servicios responden a los especiales fines y funciones que en materia educativa debe cumplir el Estado.<\/p>\n
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