Un año de la Ley de Protección al Informante: ¿estamos más cerca de la transparencia?

Ana María Ozunu, directora de GRC en Auren, analiza en este artículo de opinión publicado en Cinco Días el impacto real de la Ley 2/2023, de protección al informante, en su primer año de vigencia. Esta normativa obliga a empresas y administraciones públicas a disponer de canales seguros de denuncia con el objetivo de reforzar la integridad y la transparencia en las organizaciones.

A pesar de los avances, persisten desafíos relevantes: falta de homogeneidad entre entidades públicas y privadas, baja implantación en pymes, y la todavía incompleta creación de autoridades independientes en algunas Comunidades Autónomas.

“Nuestra experiencia nos indica que el número de denuncias que solían recibir las empresas antes de la entrada en vigor de la ley se ha visto duplicado e incluso triplicado en el pasado año” señala Ana.

En Auren, llevamos años acompañando a organizaciones en la implantación de sistemas de cumplimiento eficaces. Estamos convencidos de que solo garantizando confianza, anonimato y protección real al informante se puede consolidar una auténtica cultura de integridad.

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